.jpg)
Rodolfo Suarez.
El gobernador Rodolfo Suarez está a la espera de la respuesta que pueda brindarle Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado para saber si puede o no hacer público el listado de todos los vacunados en Mendoza.
La semana que pasó -tanto los legisladores de la oposición como los del oficialismo- le pidieron al mandatario que brinde el listado completo de los inmunizados hasta el momento. Se le había puesto un plazo de 72 horas, que vencía el viernes 25 de febrero, sin embargo la respuesta todavía no llegó.
El pedido del listado surgió luego de que explotara la polémica por el Vacunatorio VIP que se montó en Buenos Aires. Ese hecho, que terminó con la renuncia de Ginés González García del Ministerio de Salud, hizo que se pusiera la lupa en las campañas que realizan las provincias.
La ministra de Salud, Ana María Nadal, fue tajante y aseguró que no hay vacunación de privilegio en la provincia, sino que se vacuna en función de los grupos que se establecen como prioritarios.
Por su parte, el gobernador se mostró predispuesto a dar a conocer los números, pero señaló que primero iba a realizar una consulta jurídica. Además, Suarez aclaró que en la provincia se respetan los protocolos de aplicación de la vacuna contra el coronavirus.
Frente a esto, el viernes ingresó la consulta al organismo que conduce Fernando Simón. Se espera que la respuesta final llegue a más tardar el miércoles para que Suarez finalmente decida si publicará los nombres o no. Al parecer el fiscal de Estado podría inclinarse para que se publiquen los nombres de los vacunados.
En cuanto a la Asesoría de Gobierno, la postura de Ricardo Canet recién podría conocerse el lunes por la tarde.
Mientras tanto la oposición insiste en la publicación de estos datos ya que tienen sospechas de que en las clínicas privadas se esté vacunando a personas que no están en los grupos prioritarios.
El exjuez de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, mostró su visión como especialista y su postura ronda a favor de la divulgación de los datos.
“Mientras se use un sistema de vacunación publica, vacuna que viene de un modo racionalizado, necesariamente es algo público. Acá no hay derecho a la intimidad a proteger”, explicó el exmagistrado.
“Cuando se suministran bienes públicos todos tenemos la obligación de rendir cuentas”, advirtió Pérez Hualde.
También el exjuez hizo referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública (9.070) sancionada en Mendoza, a través de la cual se le puede exigir al Estado la publicación de las listas de inoculados.