Mendoza: Después del granizo y las heladas, Irrigación sube un 180% el agua a los productores

En la provincia, se ha perdido la producción de unas 100 mil hectáreas y la situación del sector es crítica.

Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación.

Si algo les faltaba esta temporada a los productores de Mendoza, es el golpe de gracia que el Departamento General de Irrigación (DGI), les dará con un incremento del 180% en la tarifa de riego agrícola.

Así lo dispuso el organismo que conduce Sergio Marinelli, pese al reclamo de miles de productores y también de las entidades del sector, que volvieron a denunciar que el gobierno quiere “exterminar” al sector productivo de Mendoza.

“La pérdida de poder real de la moneda, sumado a la fuerte caída en la recaudación por causa, sobre todo, de las heladas, repercutió negativamente en las cuentas del DGI”, alegan desde Irrigación para sostener el aumento.

Si bien desde el organismo que conduce Marinelli argumentan que es “para que el organismo no se desfinancie, y pueda mantener la sostenida inversión en obras”, la realidad es que la mayor parte de los recursos financieros, se van en los exorbitantes sueldos de Marinelli y sus funcionarios.

Sólo los sueldos del Superintendente y sus funcionarios más cercanos, le cuesta a Irrigación más de $9 millones por mes, con sueldos en bruto que superan los 300.000 pesos por mes.

Ni hablar de las causas judiciales que también salpican a funcionarios del organismo, por malversación de fondos del estado, el uso personal de vehículos del organismo, e incluso viajes y vacaciones de funcionarios, solventados con dinero de todos los mendocinos.

Pero además, la bronca del sector productivo es que los fuertes aumentos que vienen registrando en los canon de agua, no se traduce en obras ni mejoras en la conducción del agua cada vez más escasa a las fincas, ni en programas de fomento de tecnificación y eficiencia del riego agrícola.

Lo único que al parecer impulsa el “plan recaudatorio” de Marinelli, es sostener el “confort” de los funcionarios en medio de un año de elecciones, y la sospecha siempre presente de que parte de los fondos asignados al organismo, serían destinados a solventar parte de la campaña política del oficialismo.