A poco más de un año del violento ataque que quedó registrado en un video viral, el 1° Juzgado Penal Colegiado dictó el sobreseimiento de los dos imputados, entre ellos un efectivo de la Policía de Mendoza. Al no existir una denuncia formal por parte de la familia de la víctima, el proceso iniciado de oficio quedó archivado y la causa cerrada definitivamente.
Un inesperado y controvertido giro judicial ha puesto punto final a uno de los casos de violencia urbana más mediáticos y repudiados del Valle de Uco de los últimos tiempos. La Justicia de Mendoza dispuso el sobreseimiento definitivo y la desvinculación penal de los dos hombres que se encontraban imputados por propinarle una feroz golpiza a un joven en pleno centro de Tunuyán, un episodio que en junio del año pasado tomó trascendencia nacional tras la filtración de las imágenes del ataque.
La resolución administrativa fue firmada por las autoridades del 1° Juzgado Penal Colegiado de Tunuyán. Mediante este dictamen, el tribunal determinó el cierre absoluto del legajo y dejó sin efecto las acusaciones que pesaban sobre los sospechosos, extinguiendo la acción penal que se había iniciado originalmente de oficio debido a la inacción legal de los damnificados directos.
El video de la agresión y el policía implicado
El grave incidente que dio origen a la pesquisa se remonta a la madrugada del viernes 20 de junio de 2025 en los alrededores de la plaza departamental de Tunuyán. En medio de una riña generalizada, la víctima recibió un violento impacto de puño en el rostro que lo dejó inmediatamente inconsciente sobre la calzada. Segundos después, y estando completamente indefenso en el suelo, otro de los agresores le propinó una patada criminal en la cabeza que pudo haberle ocasionado la muerte o secuelas neurológicas irreversibles.
A raíz de la masiva difusión del material audiovisual en redes sociales, el personal de la División Investigaciones actuó de oficio e identificó a los atacantes. El escándalo institucional estalló cuando se constató que uno de los principales agresores identificados era un agente en actividad de la Policía de Mendoza, incorporado recientemente a la fuerza en el oasis del Valle de Uco, quien fue inmediatamente suspendido y apartado de sus funciones operativas por el Ministerio de Seguridad local.
El motivo del cierre: falta de denuncia formal
Pese a la gravedad de las imágenes colectadas y al fuerte repudio social que incluyó coberturas de canales nacionales, la investigación penal preparatoria se topó con un obstáculo legal insalvable con el correr de los meses: ni el joven agredido ni su entorno familiar directo se presentaron jamás ante las oficinas fiscales para radicar la denuncia formal correspondiente por el delito de lesiones.
Dado que legalmente las lesiones leves o graves (dependiendo de las pericias médicas iniciales que no pudieron profundizarse sin la colaboración de la víctima) requieren el impulso de la parte damnificada para habilitar la acción de la fiscalía, el juzgado interviniente se vio obligado a aplicar estrictamente el código de rito. Con este sobreseimiento, el efectivo policial y el otro civil imputado quedaron absueltos de cargos penales, clausurando un expediente que expone los grises procedimentales cuando el miedo o la desidia frenan el avance de la justicia.
